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Fiscalía apela revocación de prisión preventiva en caso COMIXMUL ante medida cautelar “insuficiente”
La Fiscalía Especial de Delitos Comunes (FEDCOM) interpuso recurso de apelación contra la decisión de un juez penal que revocó la prisión preventiva a Alejandra Suárez Fortín y Sandra Nohemí Fuentes, investigadas por lavado de activos, apropiación indebida y estafa en perjuicio de la cooperativa COMIXMUL. El Ministerio Público cuestiona que se les otorgara presentación periódica mediante una caución considerada muy inferior al daño imputado.
Por Administrador
Publicado en 07/10/2025 19:49
Honduras

La Fiscalía Especial de Delitos Comunes (FEDCOM) presentó este lunes un recurso de apelación tras la polémica resolución dictada por un juez del Juzgado de Letras Penal con competencia nacional en criminalidad organizada, corrupción y medio ambiente, que revocó la medida de prisión preventiva para dos imputadas.

Las beneficiadas por la resolución son Alejandra Suárez Fortín y Sandra Nohemí Fuentes, señaladas de supuestos delitos de lavado de activos, apropiación indebida agravada continuada y estafa impropia agravada continuada, todos con perjuicio a la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (COMIXMUL).

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público había ofrecido al tribunal pruebas que, en su criterio, justificaban mantener la medida de prisión preventiva. Sin embargo, la defensa logró que se reemplazara por una obligación de presentación periódica junto con una caución.

Según el MP, la caución propuesta por la defensa fue fijada en un monto “muy por debajo” del valor estimado del perjuicio que las imputadas habrían causado a COMIXMUL, y no guarda proporción con las responsabilidades atribuidas.

En su apelación, FEDCOM muestra su extrañeza ante que estas revisiones de medidas en casos de alto impacto sean admitidas justamente en fechas de feriado nacional, algo que —según el Ministerio Público— genera suspicacia pública y desconfianza en la justicia.

El caso judicial tiene antecedentes significativos: en 2017, el Ministerio Público capturó y consiguió la condena de seis exdirectivos de la cooperativa por delitos como lavado, fraude y crímenes financieros relacionados.

Como parte de esas investigaciones iniciales, el Estado procedió al aseguramiento de 51 bienes inmuebles y muebles y cuatro sociedades mercantiles ubicadas en Tegucigalpa, Siguatepeque, Choluteca y Valle, como medida preventiva del patrimonio vinculado al ilícito.

 

El desenlace del recurso de apelación será clave para determinar si Suárez Fortín y Fuentes regresan a prisión preventiva o mantienen la medida sustitutiva impuesta, en un proceso que ha generado cuestionamientos sobre equidad, proporcionalidad y el manejo de la impunidad en casos de corrupción.

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