Tegucigalpa, 6 de octubre de 2025 – En una operación judicial importante en la lucha contra la corrupción, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) consiguió que un juzgado dictara auto de formal procesamiento contra tres exfuncionarios, entre ellos Rigoberto Portillo Mejía, vinculado a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Portillo Mejía, nombrado en febrero de 2023 como miembro de la Comisión Interventora de la OABI, enfrenta cargos por asociación para delinquir, uso de información privilegiada, malversación por uso, complicidad de estafa y concusión.
Los otros procesados son Jaime Renán Banegas Zerón, exdirector de fiscales del Ministerio Público, y Jorge Luis Martínez Grijalva, acusados de asociación para delinquir, usurpación de funciones públicas, complicidad de malversación por uso y estafa, junto con perjuicios a la administración pública, la fe pública y otros derechos fundamentales, según el Ministerio Público.
Según las indagaciones oficiales, los imputados integraban una red que arrendaba propiedades incautadas bajo contratos ficticios, sin registrar los ingresos en las cuentas oficiales ni entregar documentos a los arrendatarios. Los montos cobrados se depositaban en cuentas personales.
La Fiscalía precisó que estos actos constituyen un perjuicio directo al erario público y afectan la confianza en las instituciones, por lo que forma parte de la estrategia integral de persecución de redes fraudulentas entre el sector público y privado.
Este fallo revierte medidas anteriores de carácter sustitutivo que se habían otorgado en caso de Portillo Mejía, permitiendo que avance el proceso penal con una etapa formal de procesamiento.
La determinación del auto de formal procesamiento representa un paso significativo para que el caso siga su curso, con audiencias sucesivas, presentación de pruebas y la posibilidad de que los imputados defiendan su versión ante el tribunal competente.
La Fiscalía reafirmó su compromiso de continuar operando con firmeza en la batalla contra la corrupción, persiguiendo estructuras criminales que operen bajo el amparo del poder y la impunidad.
