El Ministerio Público profundizó este fin de semana la acusación contra diez personas señaladas de participar en un desfalco que, según la investigación, superó los 45.5 millones de lempiras en la Alcaldía de San Pedro Sula. La audiencia inicial, a cargo de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, se ha centrado en la exposición de un expediente que contiene miles de folios con pruebas documentales, periciales y testimoniales.

De acuerdo con la fiscalía, los fondos habrían sido desviados a través de más de treinta contratos adjudicados entre julio de 2023 y abril de 2024. Dichos convenios estaban destinados a proyectos de mejoramiento vial, pero muchos de ellos no se ejecutaron o se realizaron de forma parcial. La acusación sostiene que se fraccionaron obras y se beneficiaron empresas sin la capacidad real para cumplir con los compromisos adquiridos.

Entre los imputados figuran representantes de constructoras, empresarios y exfuncionarios municipales, algunos de ellos con vínculos familiares con autoridades locales. Este aspecto ha amplificado el interés mediático del caso y ha generado un fuerte debate público sobre la transparencia en la gestión de los recursos municipales.

La fiscalía ha recalcado que su estrategia descansa en la solidez de las pruebas. Documentos de adjudicación, órdenes de pago y expedientes administrativos son acompañados por peritajes financieros y declaraciones de testigos, uno de ellos protegido. Con base en estos elementos, se solicitó al juez la imposición de medidas cautelares, entre ellas prisión preventiva para algunos acusados, bajo el argumento de que representan un riesgo procesal.

Por su parte, las defensas han insistido en que el expediente carece de fundamentos suficientes y han cuestionado la manera en que se ha conducido el proceso. Los abogados han pedido revisar las imputaciones y suavizar las medidas solicitadas, mientras recalcan que las acusaciones responden más a presiones políticas que a pruebas contundentes.

El caso ha resonado más allá de las salas judiciales. Analistas locales advierten que este proceso no solo pondrá a prueba la capacidad del Ministerio Público para sostener acusaciones complejas, sino que también afectará la percepción ciudadana sobre la transparencia en la segunda ciudad más importante del país. La corrupción municipal, señalan, se ha convertido en un punto crítico dentro de la discusión nacional sobre gobernanza.

La resolución judicial está prevista para este lunes 29 de septiembre a las nueve de la mañana. El juez deberá determinar si acoge las solicitudes de la fiscalía y dicta medidas cautelares contra los imputados, o si da la razón a las defensas y flexibiliza el proceso. Lo que ocurra marcará un precedente en el combate contra el fraude en las instituciones municipales de Honduras.