Tegucigalpa – El Ejecutivo anunció la vigésima cuarta extensión del estado de excepción parcial, implementado desde diciembre de 2022. La nueva prórroga, contemplada en el decreto PCM-28-2025, se aplicará desde las 6:00 de la tarde del lunes 29 de septiembre hasta la misma hora del 12 de noviembre de 2025.
El director de Comunicación de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez Madrid, confirmó que la continuidad de esta estrategia permitirá profundizar la lucha contra el crimen organizado, la extorsión y otras actividades ilícitas que afectan al país.
De acuerdo con las autoridades, los resultados acumulados durante las diferentes prórrogas muestran avances notables. Entre ellos destacan más de cinco mil detenciones relacionadas con extorsión, más de setenta y nueve mil capturas por distintos delitos, más de veintidós mil órdenes de captura ejecutadas y casi diecinueve mil armas de fuego decomisadas. Según Martínez Madrid, estas cifras han contribuido a una reducción del 14 por ciento en las muertes violentas en comparación con el 2024.
Sin embargo, la medida sigue generando controversia, ya que no ha sido ratificada por el Congreso Nacional, pese a que la Constitución establece la necesidad de aprobación legislativa para limitar derechos fundamentales. El Ejecutivo ha mantenido la práctica de publicarlas únicamente en el diario oficial La Gaceta.
El estado de excepción fue instaurado el 6 de diciembre de 2022 con el decreto PCM-29-2022, bajo el argumento de enfrentar la delincuencia común y organizada. Desde entonces, se han restringido libertades como la de circulación, asociación, reunión y la inviolabilidad del domicilio, lo que ha despertado críticas de sectores sociales y organismos de derechos humanos.
Durante casi tres años la medida se ha renovado sin interrupciones, generando un debate creciente sobre su eficacia y sobre los riesgos que representa para la institucionalidad democrática. Organizaciones civiles advierten que podría consolidarse como un mecanismo de control político más que de seguridad.
El gobierno, por su parte, insiste en que sin el estado de excepción las fuerzas del orden perderían herramientas legales fundamentales para actuar contra estructuras criminales. Según Martínez Madrid, la prórroga permitirá mantener los niveles de presión sobre las bandas delictivas y consolidar los logros alcanzados en materia de seguridad ciudadana.
Mientras tanto, organismos internacionales y analistas locales piden que la estrategia sea evaluada con mayor transparencia y que cuente con un verdadero control legislativo para evitar abusos y garantizar que la lucha contra la violencia no erosione los derechos de la ciudadanía.
