El Ministerio Público, a través de FESCCO y la DLCN, continúa un amplio operativo de aseguramiento de 42 bienes vinculados al crimen organizado, en manos de familiares y socios de Gustavo Chinchilla, comerciante sampedrano acribillado en 2014.

Los aseguramientos comenzaron el martes y comprenden inmuebles, vehículos y sociedades mercantiles que habrían servido para blanquear capitales provenientes del tráfico de drogas.

Las pesquisas sostienen que el dinero ilícito fue canalizado hacia empresas para dar apariencia de legalidad, reforzando así una red criminal activa en la zona norte de Honduras.

Entre los principales señalados figuran Jerry y Gustavo Chinchilla, hijos del fallecido propietario de tiendas “El Bombazo”, quienes habrían operado en conjunto con un supuesto descendiente de Miguel Arnulfo Valle Valle.

El nombre de Leopoldo Álvarez Ayala también aparece en el expediente. De acuerdo a denuncias presentadas en 2018, esta persona sería responsable del traslado de cargamentos de droga a través de puntos ciegos en la frontera con Guatemala.

Los investigadores destacan que no se trata de casos aislados, sino de una red estructurada que combina tráfico de estupefacientes con operaciones financieras de alto nivel.

La incautación de bienes busca cortar la base económica de la organización, con el fin de debilitar su capacidad de expansión y vínculos transnacionales.

La OABI se encargará de la administración de los bienes asegurados, mientras la Fiscalía amplía las diligencias para determinar responsabilidades penales de los involucrados.