La ola de violencia que marca el actual proceso electoral en Honduras sumó una nueva víctima. El ingeniero y candidato a diputado por el departamento de Yoro, Óscar Bustillo, fue asesinado la noche del martes 9 de septiembre frente a su casa, en un hecho que ha provocado repudio y conmoción en la esfera política y social del país.

En reacción inmediata, la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, condenó “a sangre fría” el crimen, responsabilizando a las autoridades de dar con los responsables y evitar que Honduras retroceda hacia un “Estado criminal, de terror, persecución, corrupción y narcotráfico”.

“Exijo de las autoridades competentes su investigación inmediata”, expresó Moncada a través de sus redes sociales, dejando claro que no permitirá que el miedo interrumpa lo que denomina un proceso de “Victoria, cambio y refundación”.

La dirigente política anunció además que este sábado 13 y domingo 14 de septiembre estará en Yoro y Colón, donde planea acompañar a la militancia en jornadas de protesta y exigencia de justicia, a las que definió como “un solo grito contra los asesinos y sicarios que intentan aterrorizar al pueblo”.

En su mensaje, Moncada recordó el historial de líderes sociales asesinados en Honduras y cuyas muertes permanecen sin resolverse. Nombró a Janeth Kawas, Bertha Cáceres, Margarita Murillo y Juan López, casos que, según ella, siguen marcando la herida de la impunidad en el país.

“Estos crímenes permanecen con autores intelectuales impunes y prófugos. No descansaremos en nuestra exigencia de justicia”, manifestó la aspirante presidencial, subrayando que la violencia política busca frenar los procesos de cambio.

La candidata también expresó un mensaje de condolencia y solidaridad hacia los familiares de Bustillo. “Acompañamos solidariamente y con sentimiento a la familia de nuestro compañero y rogamos a Dios el consuelo en un momento tan duro”, expresó.

El asesinato de Bustillo ocurre a 81 días de las elecciones generales, en un clima electoral marcado por la inseguridad, la polarización y los cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para garantizar condiciones seguras a los aspirantes y a la ciudadanía en general.