Washington / Tegucigalpa, 8 de septiembre de 2025 — Este lunes marcó un punto de quiebre para la comunidad migrante hondureña en Estados Unidos. El Estatus de Protección Temporal (TPS), vigente desde 1999, dejó de estar en efecto para decenas de miles de connacionales, tras la decisión del gobierno estadounidense de concluir de manera definitiva este beneficio migratorio.

Según estimaciones de organismos internacionales y expertos en migración, entre 50 000 y 76 000 hondureños pierden hoy el derecho a residir y trabajar legalmente en EE. UU., exponiéndose al riesgo de deportación. Muchos de ellos han vivido más de dos décadas en ese país, construyendo familias, negocios y aportando a la economía estadounidense.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la medida al afirmar que las condiciones que originaron el TPS ya no existen en Honduras, alegando que el país ha tenido tiempo suficiente para recuperarse de los desastres naturales que motivaron la protección inicial tras el huracán Mitch en 1998. Entre las causas expuestas también figura el interés de Washington en poner fin a la extensión indefinida de programas temporales que, en la práctica, se convierten en residencias permanentes de facto.

Sin embargo, organizaciones defensoras de migrantes señalan que Honduras continúa enfrentando violencia, pobreza estructural, desempleo y crisis climáticas recurrentes, factores que siguen impulsando la migración forzada. A su vez, expertos en relaciones internacionales han culpado directamente al Gobierno de Honduras de ser corresponsable de esta cancelación, al no haber desplegado estrategias diplomáticas sólidas en defensa de sus connacionales. Según estos analistas, la ausencia de una política exterior clara y la falta de presión bilateral con Washington facilitaron que la terminación del TPS se consumara sin resistencia efectiva.

Diversos sectores apuntan a que el Estado hondureño se limitó a declaraciones públicas y no supo articular alianzas con actores políticos, congresistas ni organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos que pudieran haber influido en la prórroga o rediseño del beneficio. “La comunidad migrante quedó sola, sin un respaldo firme de su propio gobierno”, lamentó un experto consultado en Tegucigalpa.

En el ámbito social, la cancelación del TPS amenaza con desintegrar miles de familias mixtas. Padres hondureños con décadas en EE. UU. enfrentan la posibilidad de ser deportados, mientras sus hijos, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses, podrían quedar al cuidado de terceros o verse obligados a trasladarse a un país que apenas conocen.

La medida también tiene un impacto económico de doble filo: por un lado, Estados Unidos perderá contribuyentes y trabajadores ya establecidos; por otro, Honduras podría recibir un retorno masivo de migrantes en un contexto de débil capacidad de reinserción laboral y social, lo que podría incrementar la presión sobre un país ya afectado por altos niveles de desempleo y falta de oportunidades.

El futuro inmediato dependerá de las acciones que adopten las cortes estadounidenses y de la presión política interna en EE. UU. para reconsiderar la medida. Mientras tanto, decenas de miles de hondureños inician este 8 de septiembre de 2025 en la incertidumbre, atrapados entre la falta de respaldo de su gobierno y una política migratoria cada vez más restrictiva en Washington.