El 1 de septiembre de 2025 marcó el inicio oficial del período de propaganda electoral en Honduras, de acuerdo con el artículo 222 de la Ley Electoral. A partir de esta fecha, y durante los próximos 90 días, los candidatos podrán exponer sus propuestas de gobierno antes de que la ciudadanía acuda a las urnas el 30 de noviembre.
Esta etapa es considerada vital para la democracia, pues representa la oportunidad de un debate nacional sobre las soluciones a los problemas que enfrentan los hondureños. Sin embargo, voces como la de la designada presidencial, Doris Gutiérrez, han recordado que lo que el país necesita no son “shows insultantes” ni campañas de desprestigio, sino propuestas claras que den esperanza a una ciudadanía cansada de la confrontación política.
Uno de los grandes desafíos de esta campaña será el peso de las redes sociales. Plataformas como Facebook, X, TikTok e Instagram se convertirán en los escenarios principales de propaganda política, con estrategias dirigidas especialmente a los votantes jóvenes. Pero junto a ello surge una amenaza latente: el uso de “bots”, cuentas falsas y campañas de desinformación que podrían manipular la opinión pública, debilitando la confianza en el proceso electoral.
A esta situación se suma un reto estructural que históricamente ha limitado la transparencia en los comicios: la fiscalización del financiamiento político. La Unidad de Política Limpia, creada con la finalidad de supervisar el origen y uso de los recursos en campaña, nuevamente entra en escena. Sin embargo, su efectividad sigue en entredicho.
Aunque la institución está llamada a garantizar que los fondos provengan de fuentes lícitas y a impedir el ingreso del dinero del narcotráfico en la política, su marco legal actual le impide rastrear con profundidad los flujos financieros sospechosos. Además, sus máximas autoridades enfrentan limitaciones por pertenecer a estructuras políticas que, en muchos casos, son las mismas que deben fiscalizar, lo que genera dudas sobre su independencia y capacidad real de control.
Los comisionados que han pasado por la Unidad han mostrado pocos avances en años anteriores, y los actuales parecen heredar esa misma debilidad. De esta manera, mientras los candidatos despliegan costosas estrategias publicitarias en medios tradicionales y digitales, la sociedad se pregunta si el financiamiento detrás de estas campañas será verdaderamente transparente.
Con el arranque de la propaganda electoral, Honduras no solo enfrenta el desafío de una contienda marcada por la era digital y la desinformación, sino también la necesidad urgente de fortalecer sus instituciones de control. La ciudadanía tendrá que ejercer un papel vigilante, exigiendo propuestas claras y transparencia en un proceso que pondrá a prueba tanto la madurez política como la solidez democrática del país.
