Tegucigalpa, 26 de agosto de 2025.
El Ministerio Público dio un nuevo golpe contra la corrupción al presentar este martes una batería de requerimientos fiscales que alcanzan a exfuncionarios, servidores públicos, agentes policiales, personal del sector justicia y particulares señalados de desfalcar la hacienda pública.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) solicitó antejuicio contra el alcalde de Santa Rosa de Copán, Aníbal Erazo Alvarado, y dos regidores municipales, acusados de haber aprobado de manera irregular la donación de un terreno a la madre de un juez local previamente investigado por sobornos.
En paralelo, la misma fiscalía interpuso ocho requerimientos adicionales: entre ellos destacan acusaciones contra exmiembros del Consejo Directivo del Hospital Escuela, que en 2017 se habrían adjudicado aumentos salariales ilegales; y contra cuatro agentes de la DPI implicados en un allanamiento ilegal en Ocotepeque, donde sustrajeron 50 mil lempiras.
La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) también actuó, denunciando a empleados del Instituto de la Propiedad y a particulares por fraude inmobiliario en San Pedro Sula. Según las investigaciones, falsificaron escrituras y usaron firmas notariales para inscribir inmuebles fraudulentamente, que luego vendieron a víctimas que pagaron cifras millonarias.
La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) acusó a un agente de la ATIC, dos empleadas del Poder Judicial y una agente de la DPI por actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.
A ello se suma la acción de la Fiscalía Contra Delitos Tributarios (FE-CDT), que presentó tres nuevos requerimientos: dos empleados de Aduanas fueron señalados por incumplimiento de procedimientos, además de dos casos de defraudación fiscal y contrabando que habrían generado pérdidas para el Estado por más de medio millón de lempiras.
Con este conjunto de medidas, el Ministerio Público remarcó que la lucha contra la corrupción sigue siendo una prioridad institucional, bajo el objetivo de proteger el patrimonio nacional y garantizar que ningún acto ilícito quede en la impunidad.
