Tegucigalpa, 25 de agosto de 2025.
El director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, manifestó su preocupación por el retraso en la aprobación del reglamento que regula la observación electoral en Honduras, una pieza fundamental para que las misiones nacionales puedan acreditar observadores en las próximas elecciones generales.

Aunque ya existen convenios con misiones internacionales como la OEA, Aguilar indicó que el mayor desafío es el despliegue de observadores nacionales, quienes forman parte de redes con amplia capacidad de movilización como la Red por la Defensa de la Democracia, integrada por iglesias y organizaciones sociales.

Aguilar explicó que sin este reglamento no se pueden presentar solicitudes formales de observación nacional, pues es el documento que establece los procedimientos, criterios para la entrega de credenciales y las condiciones para participar en la supervisión electoral.

“Se han escuchado declaraciones públicas, incluso de la consejera Cosette López, sobre intentos de obstaculizar la aprobación de los reglamentos, especialmente el que regula la acreditación de observadores nacionales. Esto representa un riesgo de politización que podría limitar el trabajo de las organizaciones civiles”, advirtió.

El representante de la ASJ insistió en que la Ley Electoral y la Constitución garantizan el derecho a la acreditación, salvo en casos específicos de inhabilitación, que no aplican a ninguna de las organizaciones que han mostrado interés.

“No estamos pidiendo un favor al Consejo Nacional Electoral, estamos reclamando un derecho que debe formalizarse mediante un convenio y la entrega oportuna de credenciales”, afirmó.

Finalmente, Aguilar criticó la costumbre del CNE de entregar las acreditaciones con retraso, lo que en ocasiones limita la presencia de observadores solo a Tegucigalpa y San Pedro Sula, dejando fuera a gran parte del país.