El Sistema Nacional de Emergencias 911 anunció la recepción de equipo tecnológico de última generación para reforzar su red de monitoreo en todo el país, como parte del proyecto “Seguridad al 100”. La iniciativa, liderada por el gobierno de Xiomara Castro, incluye la instalación de 5,000 cámaras de vigilancia en más de 100 municipios, con el objetivo oficial de “garantizar un sistema más eficiente y seguro para la población”.

Sin embargo, expertos en seguridad y derechos humanos advierten que este tipo de infraestructura tecnológica, si bien fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias y delitos, también puede ser utilizada como un mecanismo de vigilancia política, especialmente en contextos donde los gobiernos concentran poder.

Países como China, Rusia, Irán y Venezuela han desarrollado sofisticadas redes de cámaras y sistemas de reconocimiento facial que no solo monitorean la seguridad pública, sino que también rastrean movimientos, reuniones y actividades de opositores políticos, periodistas y líderes sociales.

En América Latina, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han alertado que, en regímenes con tendencias autoritarias, la tecnología de vigilancia puede convertirse en una herramienta para el control social, limitando libertades como la protesta y la libre expresión.

En el caso de Honduras, la presidenta Castro ha enmarcado el proyecto dentro de su plan de “refundación”, presentándolo como un paso hacia un país “más seguro y justo”. No obstante, analistas coinciden en que la transparencia en el uso de los datos, la supervisión ciudadana y la existencia de leyes sólidas de protección de la privacidad serán determinantes para evitar que el sistema sea manipulado con fines políticos.