Tegucigalpa, Honduras – Las declaraciones de la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, han encendido alarmas en sectores religiosos, sociales y jurídicos, luego de que señalara públicamente a líderes de iglesias cristianas de supuesta injerencia política a favor de partidos tradicionales. En su crítica, publicada en X (antes Twitter), Moncada vinculó una marcha convocada por organizaciones religiosas con una campaña que —según ella— busca desacreditar su candidatura y frenar el proceso de "refundación del país".
Sin embargo, más allá del tono político, diversos sectores han comenzado a cuestionar si sus afirmaciones podrían representar una amenaza directa al derecho fundamental de libertad de credo, consagrado en la Constitución de la República de Honduras (Artículo 77) y en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 18).
“Cuando la cúpula de dos de nuestras iglesias organiza y lidera una caminata [...] y en paralelo se crea una campaña difamatoria [...] no cabe duda que se están prestando a un acto de injerencia política”, afirmó Moncada en su publicación.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores eclesiásticos han advertido que este tipo de discursos puede generar un clima de intimidación o censura hacia la libre expresión religiosa, especialmente cuando provienen de figuras que aspiran a ocupar la Presidencia de la República.
El derecho a creer, practicar y expresar públicamente la fe religiosa es una piedra angular de toda democracia funcional. En Honduras, la religión es una parte viva del tejido social y político. Cuando se sugiere que la participación de iglesias en la vida pública es ilegítima o que responde a conspiraciones, se corre el riesgo de estigmatizar a comunidades enteras por ejercer derechos que la ley les garantiza.
Si bien es legítimo denunciar manipulaciones políticas desde cualquier esfera —incluida la religiosa—, acusar sin pruebas, generalizar o descalificar expresiones de fe colectiva puede constituir una vulneración al derecho de libertad de culto, y sentar un precedente preocupante en un contexto preelectoral.
Desde la óptica del Estado laico, la neutralidad no significa silenciar a las iglesias, sino garantizar que todos —creyentes, agnósticos y ateos— tengan igual derecho a participar en el debate público sin persecución ni señalamiento.
