Tegucigalpa, 4 de agosto de 2025 – A menos de dos semanas de la mega marcha convocada por sectores religiosos y sociales para el próximo 16 de agosto, altos funcionarios del gobierno de Xiomara Castro y dirigentes del Partido Libertad y Refundación (Libre) han intensificado sus ataques públicos contra los organizadores del evento, en un aparente intento por desacreditar y debilitar la movilización ciudadana.

Los señalamientos han sido dirigidos especialmente contra líderes religiosos evangélicos que han expresado su preocupación por el rumbo del país. Desde sus cuentas oficiales y entrevistas, funcionarios afines al oficialismo han lanzado descalificaciones personales, acusando a los convocantes de responder a los intereses de las denominadas “10 familias”, un recurso narrativo frecuentemente utilizado por Libre para etiquetar a quienes se oponen al gobierno.

Analistas consideran que esta estrategia busca sembrar miedo y duda entre la población, restando legitimidad al llamado ciudadano y desmotivando la participación en la marcha. “Es una táctica clásica de desgaste: estigmatizar, dividir y desacreditar antes de que el mensaje se haga masivo”, opinó un sociólogo consultado.

El discurso oficial ha sido acompañado de publicaciones en redes sociales que descalifican a quienes promueven el evento, presentándolos como parte de una conspiración oligárquica, a pesar de que las demandas de la marcha incluyen temas como el respeto a la libertad de expresión, la defensa de los valores democráticos y el rechazo al autoritarismo.

La protesta del 16 de agosto se perfila como una de las más importantes del año, y su convocatoria ha encontrado eco en diferentes sectores, desde asociaciones civiles hasta ciudadanos sin filiación partidaria. La reacción del oficialismo, según observadores, evidencia preocupación ante el creciente descontento popular.