El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) lanzó este miércoles un contundente llamado al respeto de la institucionalidad democrática, tras la polémica decisión del Fiscal General Johel Zelaya de intervenir el Consejo Nacional Electoral (CNE) y citar a sus tres consejeros por supuestas denuncias de “conspiración y extorsión”.

“El CNE debe actuar con independencia, sin presiones políticas ni judiciales que comprometan su labor”, expresó la presidenta del Cohep, Anabel Gallardo, durante una conferencia de prensa convocada de urgencia. La líder empresarial también exigió al Congreso Nacional ampliar el plazo del TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) para fortalecer la transparencia del proceso electoral.

El director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho, fue aún más directo en su postura.

“Nos preguntamos, ¿qué intenciones tiene el Ministerio Público o a quién le está haciendo caso al interferir en el CNE?”, dijo frente a los medios.

En un comunicado oficial, el Cohep advirtió que “cualquier intento de interferencia o presión indebida contra el CNE atenta contra la institucionalidad democrática y pone en riesgo la estabilidad social del país”. También pidió que se garantice el ejercicio pleno de la autonomía funcional del CNE, sin intromisiones de otros poderes del Estado.

La organización empresarial recordó que el respeto entre los poderes públicos es un principio fundamental en una democracia, y subrayó que el pueblo hondureño tiene derecho a participar en elecciones libres, justas y confiables.

Además, el comunicado exhorta directamente a los tres consejeros del CNE —Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa— a actuar con responsabilidad institucional, conforme a la Constitución y la Ley Electoral, para asegurar que las elecciones del próximo 30 de noviembre se desarrollen con legitimidad y sin cuestionamientos.

El pronunciamiento del sector privado se da en medio de una creciente tensión institucional a pocos meses de los comicios generales, y en un momento en que la intervención del Ministerio Público ha encendido alertas sobre una posible instrumentalización política del sistema de justicia para debilitar al órgano electoral.