Tegucigalpa – En una comparecencia pública que ha sido catalogada por sectores políticos y sociales como autoritaria y con tono intimidante, el fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, lanzó severas advertencias contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), asegurando que los tres consejeros recibirán citaciones formales que deberán responder de manera “inmediata” por supuestamente hacer caso a "grupos externos" y retrasar el proceso electoral de cara a los comicios de noviembre.
Zelaya advirtió que no aceptará dilaciones en las respuestas por parte de los consejeros, quienes, aunque tienen la prerrogativa constitucional de fijar el lugar y la fecha para rendir su declaración, no deben “alargar” los tiempos ni respaldarse en informes de auditorías privadas. “Eso es una falta de respeto a la institucionalidad. El Ministerio Público no está pintado y no va a temblar frente a amenazas ni frente a ruido”, afirmó el fiscal.
El jefe del Ministerio Público señaló que si los consejeros del CNE no comparecen, se procederá conforme a derecho, incluso sugiriendo la posibilidad de acciones penales por lo que calificó como una “conspiración contra las elecciones”. Asimismo, criticó que el cronograma electoral está detenido y culpó directamente a los consejeros por obedecer supuestamente a intereses foráneos: “Los que van a pagar por hacerle caso a grupos externos son ellos”.
“El TREP debe instalarse, pero en el marco de lo legal”, recalcó, haciendo referencia al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, cuya implementación está siendo objeto de debate técnico y político en el país. Zelaya agregó que el Ministerio Público no va a discriminar a nadie por su cargo y que se presentarán los requerimientos fiscales que sean necesarios.
Finalmente, dio instrucciones directas al director de la ATIC para que supervise el cumplimiento estricto del requerimiento de información, dejando claro que el Ministerio Público ejercerá toda su fuerza institucional en este proceso.
Estas declaraciones han generado un ambiente de mayor tensión entre el ente acusador del Estado y el órgano electoral, en un contexto preelectoral marcado por acusaciones de sabotaje, amenazas institucionales y creciente desconfianza ciudadana hacia los actores del proceso.
