La subordinación constitucional no implica obediencia ciega, sino colaboración en el marco legal.
Tegucigalpa, 16 de julio de 2025 – La reciente nota enviada por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA) a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, ha encendido alarmas entre analistas y expertos en institucionalidad democrática, quienes consultados por EL REPORTERO HONDURAS califican la acción como un signo preocupante de subordinación indebida de la autoridad militar ante el poder político.
En la misiva, el alto mando militar sugiere que cualquier solicitud de apoyo de las FF.AA. al proceso electoral debe ser gestionada directamente con la presidenta de la República, Xiomara Castro, en lugar de hacerlo con el propio jefe del Estado Mayor, como ha sido tradicional y legalmente permitido.
Expertos advierten que este gesto, aparentemente de obediencia institucional, representa en realidad una renuncia expresa a facultades propias del mando militar y una transferencia de competencias hacia el Ejecutivo, lo que rompe el equilibrio de poderes establecido por la Constitución.
“Cuando un jefe castrense declina decisiones que le corresponden legal o constitucionalmente y las entrega al Ejecutivo, está abriendo la puerta a un control político directo sobre la estructura militar. No es subordinación constitucional, es sumisión peligrosa”, señala uno de los especialistas consultados.
Las Fuerzas Armadas, como ente técnico-profesional, deben mantener una autonomía funcional limitada pero esencial, especialmente en áreas como la planificación, los despliegues y la coordinación logística electoral. Si esa autonomía se pierde, el riesgo de politización es alto, advierten los analistas.
La pérdida de autoridad dentro de la institución y la percepción de obediencia ciega al Ejecutivo pueden socavar la credibilidad de las Fuerzas Armadas ante su propia tropa y ante la ciudadanía, particularmente en un contexto electoral. Además, una institución militar debilitada o instrumentalizada puede ser utilizada como herramienta de presión, represión o intimidación, alterando el equilibrio democrático y la confianza en el proceso electoral.
Ante estas señales, los expertos llaman a restablecer el respeto al marco constitucional y a preservar la institucionalidad militar fuera del juego político. La democracia, afirman, depende de un poder civil fuerte pero respetuoso del orden legal, y de unas Fuerzas Armadas subordinadas, sí, pero no sumisas ni cooptadas.
