COMUNICADO: 

El Ministerio Público ha sido notificado por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción sobre la resolución que emitió la Sala Constitucional que otorga acción de amparo a favor de los ciudadanos Miguel Rodrigo Pastor Mejía, José Manuel Valladares Rosa y Carol Ivón Pineda Baide.  La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) fue informada que dicho Órgano consideró otorgar la garantía de amparo por no haberse agotado previamente el procedimiento correspondiente ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC); y por considerar que el facilitamiento para el lavado de activos, ya no es considerado delito.

1. No obstante, estos mismos argumentos que ya habían sido analizados por la Sala Constitucional, fueron rechazados en recursos de amparo interpuestos y resueltos en en el año 2022. Es decir, aunque el Órgano Constitucional estaba integrado por distintos magistrados, conoció dos veces amparos basados en los mismos hechos, emitiendo resoluciones contradictorias, injustas y no apegadas a derecho.
2. Estas decisiones vulneran los principios de justicia que el pueblo hondureño exige y merece, ya que este tipo de resoluciones ponen en precario futuras sentencias en los demás casos pendientes de fallos, avizorándose desde ya la misma resolución a favor de personas acusadas en otros casos. Es por eso que la UFERCO está elaborando un informe para remitirlo a la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), con el fin que se inicien las investigaciones correspondientes y se determine si hay o no responsabilidad penal.
3. Es preciso destacar que el MP acusó a varios ciudadanos por su presunta participación en un esquema de corrupción que facilitó el lavado de activos proveniente del narcotráfico internacional, mediante contratos de obras públicas que, en su mayoría, nunca se realizaron. Entre los encausados se encuentra el exministro de la extinta SOPTRAVI, Miguel Rodrigo Pastor Mejía, por 21 delitos de fraude, cohecho y Lavado de activos, junto a Carol Ivón Pineda, acusado de 22 delitos de fraude; y José Manuel Valladares Rosa por tres delitos de fraude.
4. El Ministerio Público reitera su compromiso con la lucha contra la corrupción en todas sus modalidades.