Tegucigalpa.- La audiencia preliminar programada para hoy por parte de los tribunales de justicia hondureños para los señores Romeo Orlando Vásquez Velásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto; el exsubjefe, Venancio Cervantes Suazo; y Carlos Roberto Puerto Fúnez, excomandante del Comando de Operaciones Especiales, fue pospuesta en virtud que la defensa presentó recurso de apelación.
Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial informó a medios de comunicación que se suspende audiencia preliminar en causa instruida contra los exjefes militares porque las parte procesales interpusieron recurso de apelacion, una vez que la corte de apelaciones se pronuncie se conocerá si confirma o revoca la resolución del juez.
"Ya fue trasladado el expediente a la corte de apelaciones y listo para que los magistrados trabajen el expediente y conformen o reboquen la resolucion del juez, una vez que baje el expediente se tendria que agendar nueva fecha para la realizacion de la misma.
El 6 de enero anterior, el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), presentó requerimiento fiscal contra los genersales en condición de retiro, encausados por suponerlos responsables de los delitos de homicidio en perjuicio de Isy Obed Murillo Mencías y del delito de lesiones contra Alex Roberto Zavala Licona.
El joven Isis Obed Murillo Mencías perdió la vida tras recibir un proyectil de arma de fuego en la cabeza, mientras que el ciudadano Alex Roberto Zavala Licona sufrió graves lesiones a consecuencia de los disparos realizados por elementos de las Fuerzas Armadas. Ambas ciudadanos permanecían en los alrededores del Aeropuerto Internacional Toncontín a la espera del retorno al país del entonces presidente constitucional, José Manuel Zelaya Rosales.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, las actuaciones de los militares fueron brutalmente desproporcionadas, ya que dispararon de manera indiscriminada con fusiles de alto poder y grueso calibre (M16) contra ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse pacificamente. Dichas acciones, que resultaron en muertes y graves lesiones, no fueron actos aislados, sino crímenes ejecutados por elementos de las Fuerzas Armadas bajo órdenes directas del jefe del Estado Mayor Conjunto, el subjefe y el director de Operaciones Especiales.
Según el requerimiento fiscal, los altos mandos del Estado Mayor Conjunto, responsables directos de comandar y planificar el operativo, no solo incumplieron su deber de supervisar y controlar a sus subordinados, sino que, con pleno conocimiento de los hechos, permitieron y facilitaron estas atrocidades. Su negligencia e inacción configuraron graves violaciones a los derechos humanos, dejando a los manifestantes a merced de una fuerza militar que actuó con una violencia inhumana y desmedida.
